María del Pilar Tello (*)
Días difíciles para el país y para el gobierno de Humala. La conflictividad socio ambiental viene desde siempre y permanecerá, lo importante es que no se convierta en ingobernabilidad. De ella dependen los logros en inclusión y progreso. Nada será posible con confrontaciones, radicalismos o represiones. Pero el diálogo con equilibrio en nuestra compleja realidad es más difícil y complicado, los egos se mezclan con los intereses económicos y políticos y nada es neutral, ni siquiera los estudios que se presumen científicos.
Lo grave es que todo contexto político es sospechoso. La política se ha vuelto negativa, los partidos políticos frágiles y debilitados no son la mejor vía para revisar la relación con el poder económico, tampoco lo son los medios de comunicación que se alinean y combaten de acuerdo a sus intereses. Requerimos de un líder que establezca prioridades y las ejecute con responsabilidad más allá del discurso.
La dicotomía agua versus oro es un falso dilema. A nadie escapa la dimensión vital y vivificadora del agua. Conga es emblemática pero el estudio de impacto ambiental no es creíble para la población. Hay desconfianza hacia las mineras y con razón y la hay asimismo respecto de los políticos y con razón.
El comportamiento vacilante y temeroso de nuestros políticos respecto de los poderosos intereses económicos en juego abona la desconfianza. El discurso sobre minería responsable y preservación y distribución del agua no puede quedar en discurso.
No es admisible oponerse a la actividad minera por capricho o interés político. Tampoco lo es dejar de escuchar a quienes defienden lagunas y microcuencas siendo evidente que sufrirán daños. El proyecto de asegurar el abastecimiento de agua con cuatro reservorios de agua que la acumulen no convence frente a lo que son las lagunas naturales. Un nuevo estudio imparcial e independiente, conforme a la opinión del ministerio de Agricultura que ha puesto en evidencia las falencias del estudio existente, es indispensable.
Conga no es lo único que está en cuestión, el trato que se le de permitirá ver la política del gobierno frente a la minería y cuán responsable podrá ser. Y constatar si el diálogo funciona, si la materia prima indispensable es la materia gris de políticos, empresarios y líderes populares en la búsqueda de la difícil convergencia de intereses, reduciendo en lo posible la negatividad de posiciones opuestas a partir de las consecuencias ecológicas y sociales de afectar las fuentes naturales de agua. Como fondo está la urgencia de una zonificación ecológica y económica que establezca dónde puede haber minería y dónde no, pero pronto y no a largo plazo.
La inversión minera es muy importante y debería darse sin afectar los recursos para agricultura y ganadería. No es una opción descalificar la protesta, menos aún lo es la represión. La conflictividad exige una institucionalidad ad hoc, intersectorial, de prevención y modificación de conflictos. La participación y consulta a la población exige interlocutores sociales capaces, que no bloqueen iniciativas de desarrollo y que entiendan que sin actividad minera habrá menos recursos para la inclusión social.
Garantías para uno y otro sector, equilibrio y negociación toman tiempo. El gobierno no debería precipitarse a avales que pueden generar ingobernabilidad. La política es el arte de convencer y ganar confianza. Los beneficios de proyectos mineros deben ser suficientes para compensar los costos y el Estado juega en todo esto un rol fundamental e irremplazable.
(*) Periodista, analista política, escritora, docente universitaria, integrante del Comité Técnico de Alto Nivel del Acuerdo Nacional y ex presidenta del directorio de Editora Perú.
Los conflictos sociales por la actividad minera es un asunto
prioritario que debe atender el gobierno. Debe primar el diálogo, la
concertación y el entendimiento con las comunidades campesinas.
