Rafael
Rodríguez Campos (*)
Puede parecer una exageración
periodística pero no lo es. Según cifras oficiales de la Unidad de Análisis
Financiero de la Procuraduría Anticorrupción, el monto de la deuda actualizada
por cobrar a abril del 2012 por concepto de reparaciones civiles era de S/. 1,
066, 676, 387.00 (más de mil millones de nuevos soles no pagados). Asimismo, se
señala que el 56.6 por ciento del total del porcentaje de los cobros viene de tan
solo 51 casos.
¿Cómo
está repartida esta deuda?
Para
el asombro de nuestros lectores debemos decir que el 98.7 por ciento de esta
deuda se deriva de los casos litigados en su momento por la ex Procuraduría Ad
Hoc Fujimori-Montesinos y solo el 1.3 por ciento corresponde a la deuda de
personas sentenciadas por casos impulsados por la Procuraduría Especializada.
Pero esta información también arroja dos importantes datos: primero, que el 86
por ciento de la deuda de los sentenciados por casos que litigó la ex Procuraduría
Ad Hoc se concentra en nueve personas suma que asciende a S/. 907, 640, 560.00
(más de novecientos millones de soles). Cabe señalar que casi todos ellos se
encuentran en prisión y a juicio de la entidad presentan muy pocas
posibilidades de pago y, segundo, que en el caso de la deuda ante la
Procuraduría Especializada, el 50 por ciento se concentra en 25 personas, cuyos
montos fluctúan entre los y S/. 2,000.00 y S/. 80,000.00
Los
grandes deudores
Los principales deudores del estado son
el ex asesor presidencial, Vladimiro Montesinos Torres (400 millones de soles,
el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el ex broadcaster de
televisión, José Enrique Crousillat (80 millones de soles).
Los
otros deudores
También aparecen en la lista de deudores
el ex presidente de la república, Alberto Fujimori (27 millones) y el ex jefe
del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermoza Ríos (24 millones
de soles). A estas personas se suman los siguientes nombres: Carlos Alberto
Bergamino Cruz, Carlos Boloña Behr, Alex Wolfenson Woloch, César Saucedo
Linares, César Saucedo Sánchez, Moisés Wolfenson Woloch. Así como también los
de Absalón Vásquez, ex ministro de estado, Alejandro Rodríguez Medrano, ex presidente
de la Corte Suprema de la República y Blanca Nélida Colán, ex Fiscal de la
Nación.
Problemas
y soluciones para el cobro de estas reparaciones civiles
a.
Voluntad política
En más de una oportunidad el Procurador
Anticorrupción, Julio Arbizu, ha señalado que el principal problema en este
campo ha sido la falta de voluntad política de los gobiernos pasados a la hora
de enfrentar con decisión esta problemática. “Se requiere de voluntad y
compromiso de parte de la clase política para mejorar las estrategias y
respaldar la labor de las instituciones que luchan contra la corrupción y
buscan cobrar las reparaciones así como recuperar parte del dinero sustraído”.
b.
La voluntad política no basta
Pero más allá de lo antes señalado, en
esta oportunidad trataremos de explicar algunos otros problemas que a nuestro
juicio vienen obstaculizando la labor de esta Procuraduría Especializada y que
al parecer han sido ya identificados durante la actual gestión (ver: Primer
Informe de Gestión-Procuraduría Anticorrupción). Al respecto, se han
identificado cuatro grandes temas:
·
Sobre el marco normativo
El Decreto Legislativo 1068 señaló las
razones que justifican la creación una Procuraduría Especializada en Delitos de
Corrupción. Sin embargo, cuando revisamos el artículo 46 del Decreto Supremo N°
017-2008-JUS, en donde se señala el ámbito de competencia de esta entidad,
encontramos que la citada norma no hace diferencia entre aquellos casos que
merecen realmente la atención de una unidad especializada. Con lo cual, el
Procurador Anticorrupción termina asumiendo la responsabilidad de llevar casos
de “gran corrupción” como otros en los cuales el perjuicio al estado es ínfimo
y la reparación civil bastante exigua.
·
Sobre las limitaciones en el litigio
Vinculado al punto anterior, y dado que
la ley no diferencia entre la gran y pequeña corrupción, ello genera
limitaciones al momento de diseñar una estrategia de litigio inteligente
orientada al aseguramiento y cobro efectivo de reparaciones civiles relevantes
y al esclarecimiento de los hechos y circunstancias en las cuales se llevaron a
cabo actos de mega corrupción. En ese escenario, el estado destina recursos
para atender casos en los cuales están comprometidos funcionarios de bajo
rango, generando altos costos logísticos y de personal que al final no pueden
ser recuperados.
·
Sobre la identificación adecuada de los
objetivos
La experiencia comparada de los últimos
años señala que los gobiernos deben focalizar y concentrar la asignación de sus
recursos en el fortalecimiento de unidades especializadas dirigidas a combatir
la gran corrupción y crear otras unidades que se dediquen a la prevención de la
pequeña corrupción, pues el costo de la
investigación, del cobro de la reparación, de la inversión de tiempo, recursos,
dinero y capital humano es tan grande, y la expansión de esta corrupción menuda
es tan grande, que medidas represivas terminan siendo poco eficientes, poco
rentables y de poco impacto en este terreno. En nuestro país esta tarea no ha
sido asumida generándose una serie de problema como los que ya hemos descrito.
·
Sobre la racionalización de los recursos
Se sabe que entre el periodo 2011-2012
el costo promedio asumido por el estado para financiar la investigación de un
caso de corrupción al año ha sido de seis mil soles. Ahora bien, si esa
inversión es cuantificada en razón al tiempo invertido, tenemos que cada abogado
invierte en promedio casi trece minutos al mes por cada uno de los casos que
lleva a cargo. Por tanto, la alta carga procesal y la no adecuada diferenciación
entre la gran y pequeña corrupción impiden realizar investigaciones profundas y
rigurosas, limitando las posibilidades de triunfo en el litigio. En ese
sentido, resulta ineficiente invertir recursos y tiempo en casos cuya
reparación civil sea menor a seis mil soles pues en ellos el estado gasta más
de lo que recibe. En todo caso, este tipo de litigios no deben ser conocidos
por unidades especializadas como ya lo señaláramos.
Por lo pronto, gracias a la labor de
acopio y procesamiento de información hecha por la Unidad de Análisis
Financiera de la Procuraduría Anticorrupción, podemos identificar cuatro
grandes factores que explican el pobre desempeño del estado en materia de cobro
de reparaciones civiles en el periodo 2005-2011:1) La irregularidad de los
montos de cobro se debe a la ausencia de unidades especializadas de cobro de
reparaciones civiles, y de medidas específicas para cumplir esta función; 2)
Que los picos de cobro se deben a cobros ocasionales de grandes casos y no a la
sumatoria de casos pequeños o casos medianos; 3) Que en este periodo no es
posible indicar una progresión, ni una evolución consistente, ni una
regularidad de cobros; y 4) Que no
existe rastro alguno de que durante este tiempo se haya diseñado una estrategia
especializada para solucionar este problema.
Finalmente, -a modo de conclusión- es
importante formularnos la misma pregunta que se hace la procuraduría en el
informe al cual hemos hecho referencia: ¿Qué tipo de corrupción es la que se
pretende combatir y qué tipo de corrupción es la que se pretende prevenir? Sin
esa respuesta será muy difícil avanzar y
conseguir importantes objetivos en este terreno.
(*) Editor del
portal web www.agoraabierta.blogspot.com espacio de análisis político y
constitucional de temas de actualidad nacional e internacional.
