Marco Flores Villanueva (*)
El debate en torno al voto facultativo ha regresado. Esta vez a iniciativa de la precaria dirigencia del PAP, que en su intención de poner paños fríos a la justificada critica de que es objeto por haber disminuido al aprismo a su mínima expresión política en toda su historia, han decidido presentar para debate de las bases un documento denominado “Orientación política del PAP ante los nuevos desafíos”, y en cuyo tenor reiteran la propuesta del ex-congresista Aurelio Pastor Valdivieso, hoy, síntoma de los tiempos que vive y sufre el partido, encauzado con nombre propio por la comisión creada por el Congreso de la Republica para investigar al gobierno aprista.
En principio, y a guisa de prolegómeno, permítaseme referirme a una cuestión de forma que parte del sentido común: ¿Cómo es posible que los culpables de la debacle más vergonzosa del Partido del Pueblo se atrevan a permanecer en sus cargos y además proponer “soluciones” para los grandes y graves desafíos que enfrenta el partido producto, precisamente, de su accionar? En cualquier partido político que se precie civilizado y responsable, el desastre electoral significaría la inmediata renuncia de su plana mayor. Ello no ha ocurrido en el PAP, subrayémoslo. Y es por ello que el documento referido líneas ut supra padece de un vicio de origen, porque sus progenitores han perdido autoridad al interior del partido y porque muchos de ellos se encuentran bajo investigación por el legislativo.
Hecha esta necesaria aclaración, sintomática por cierto, paso a exponer el tema materia de este artículo. Llama profundamente la atención la posición asumida por la dirigencia del PAP a favor del Voto Facultativo. Y ello por acción y por omisión. Me explico:
Existen poderosas razones para oponerse al Voto Facultativo en un país como el Perú, con una democracia débil y un alarmante nivel de pobreza. Precisamente Arend Lijhart en un interesante artículo titulado “Unequal Participation: Democracy’s Unresolved Dilemma”, publicado en la revista American Science Review, volumen 91, número 1 de Marzo de 1997, se ha referido a tres razones fundamentales que ligados a estas dos características del Perú de hoy, es decir débil democracia y alarmante pobreza, se asocian para enervar la iniciativa del Voto Facultativo.
La primera de ellas es que los que concurrirán a votar serán aquellos que tienen más educación y, por tanto, están más interesados en la política. Afirma Lijhart, con fundamento, que ello no solamente creará una nueva y odiosa desigualdad sino que además constituye un factor discriminatorio, porque en este específico caso la educación se convierte en un elemento condicionante para ser ciudadano, tal como lo fue la propiedad en el siglo XIX.
En segundo término está el factor dinero. Con el Voto Facultativo aquellos candidatos que cuenten con mayor poder económico, se encontrarán en mejores condiciones que sus rivales para movilizar a los ciudadanos y llevarlos a las urnas. En un país tan pauperizado como el Perú, en el que las necesidades básicas no han sido cubiertas, una retribución económica para conseguir el voto del ciudadano no constituye un panorama irreal sino peligrosamente cierto y perfectamente posible. Recuérdese en este punto, como hace unos años atrás en el distrito de La Victoria elementos antisociales fueron “contratados” por inescrupulosos para asesinar por la posición de un miserable mercado. La suma que recibieron fue de 10 soles, el precio de su pobreza y su desesperación por una retribución inmediata, evidentemente.
Finalmente, la consagración del voto voluntario llevaría a la población a privilegiar las campañas políticas que enfatizan el elemento “derecho” más que el elemento “obligación”. En un país políticamente convulsionado como el Perú, urgido de ayuda, de solidaridad, de participación, es decir de todas esas iniciativas que solamente pueden ser convocadas hoy a través de una acción coercitiva, el énfasis en los derechos de un ciudadano representarán un incentivo para el debilitamiento de la escasa autoridad, a duras penas constituida, o la indiferente actitud ante las dificultades comunes que afectan a la nación.
Pobreza y débiles democracias son un contexto en los que no se asienta el voto facultativo. Las democracias más avanzadas que lo han consagrado son precisamente las democracias que gozan de estabilidad económica, lo que ha permitido a sus ciudadanos superar la pobreza y vivir en una sociedad que les ofrece los recursos necesarios para crecer económicamente, socialmente y culturalmente. Y sin embargo, en esas sociedades boyantes se incentiva a los ciudadanos a concurrir a las urnas, mediante campañas publicitarias pagadas unas por el estado y otras por los propios ciudadanos que son, además, aquellos que las promueven.
Todo esto no ha sido ponderado por la dirigencia del PAP al presentar su iniciativa. Y en cuanto a las omisiones, es difícil concebir que la propuesta que nos ocupa parte de dirigentes con filiación aprista, porque el problema estriba en aquello que NO se ha dicho, y que es mucho de lo que es y debe ser el aprismo.
Y me refería a la militancia política de los propulsores de tan inefable iniciativa y a su deliberada desorientación política, porque desde 1931 el APRA tiene pergeñada una propuesta que constituye la panacea a un problema más profundo y que hoy se pretende resolver apoyando o no el Voto Facultativo, defendiendo u oponiéndose al voto obligatorio.
Ambas propuestas parten de una misma “lógica” que debería ser superada, y cuanto antes mejor. Porque el tema de la representación política no será resuelto con el sancionatorio ausentismo destinado a penalizar el negativo accionar de la decrépita clase política peruana, o con el mecánico sufragio efectivo para fortalecer un sistema de representación que ha dejado de expresar la realidad política del Perú. Reducir, otra vez, el problema de nuestra democracia a una ilógica consagrada en los números es reincidir en una solución que se limita a cuantificar las posibilidades de la representación ciudadana antes que focalizar en la calidad de democracia que queremos construir, léase una diferente a la que actualmente sufrimos.
No se trata pues de llevar de las narices al ciudadano para que vote como un autómata, sí o sí, por un sistema representativo que no lo convence, ni de ofrecerle a la clase política la oportunidad de rasgarse las vestiduras ante una iniciativa “anárquica” que buscaría “terminar con la democracia”, como consecuencia directa del numérico ausentismo en las urnas. Ambas soluciones conceptúan al ciudadano como un guarismo en la estadística y la legitimidad como un producto de ella. Ambas soluciones limitan la participación del ciudadano común al sufragio efectivo y al poder de la democracia en el número de los votos.
De lo que se trata entonces es de ofrecerle al ciudadano un sistema de representación diferente, que le permita convertirse en protagonista del drama político, no solamente a través del sufragio sino también mediante una democracia cualitativamente más efectiva y verdaderamente legítima que lo convoque, sí, pero además lo integre a la vida política nacional.
En ese sentido, no se explica el limitado razonamiento de la dirigencia precaria del PAP si desde 1931 el Partido del Pueblo tiene las herramientas programáticas para resolver el problema de la representatividad política que vive el país, y que no pasa por la consagración o no del voto obligatorio o facultativo. Pasa por la reestructuración del poder político en el Perú.
El APRA ha propuesto desde su fundación la necesidad de abordar el problema de la representación política en términos cualitativos. El Partido del Pueblo, desde sus inicios, ha sugerido por ello la constitución de un Congreso Económico Nacional, no solamente para convocar en un foro deliberante y, subrayo, decisorio a los vastos sectores de la sociedad civil que hoy carecen de representación en la vida nacional, reestructurando así el poder político en el Perú, hoy en manos de una clase política incapaz y desprestigiada, sino también para que, desde esa nueva, vigorosa y auténtica legitimidad política que garantice estabilidad, reorganizar la producción bajo la égida de un programa social de desarrollo, común y concertado con todas las fuerza productivas del país.
Por ello sorprende ingratamente que el Voto Facultativo suscite en los apristas un innecesario debate, inocuo para el problema que pretende resolver que es el tema profundo de la representación política en el país. Consecuentemente, la iniciativa del Voto Facultativo en materia de “Democracia Social e institucionalidad política incluyente” debe desaparecer y dar paso a la propuesta urgente, y verdaderamente aprista, destinada a reestructurar el poder político en el Perú a través de la constitución de un Congreso Económico Nacional.
Como también deben desaparecer del comando del APRA aquellos que, con un concepto elástico de la responsabilidad política, continúan aferrados a sus cargos; y, lo que es peor, ofreciéndonos soluciones a un presente y futuro terriblemente crítico para el aprismo y del que ellos son directos responsables.
“Sorprende ingratamente que el Voto Facultativo suscite en los apristas un
innecesario debate, inocuo para el problema que pretende resolver que es el tema
profundo de la representación política en el país”, señala el autor de la nota.
(*) Abogado, compositor, estudió Política Internacional en la Universidad de Harvard, ex presidente del Comité Consultivo del Consulado General del Perú en Boston y miembro de la Sociedad Americana de Compositores. http://www.marcofloresvillanueva.blogspot.com/
