Al haberse cumplido 40 años del golpe de estado chileno
creemos oportuno publicar el pronunciamiento, formulado con ocasión de tan
censurable episodio en la vida democrática latinoamericana, firmado por
intelectuales pertenecientes a las generaciones post 1973 -que crecieron siendo
testigos de una sociedad dividida- en la que comparten sus reflexiones políticas
sobre los duros hechos del pasado y de cara a los desafíos del presente.
Al hacerlo, nuestro objetivo es contribuir a establecer mínimos comunes
transversales sobre los cuales fundar una convivencia política más profunda y robusta.
No se busca, por ende, afirmar ciertas narrativas históricas sobre lo sucedido
en Chile ni menos juzgar la eventual ‘superioridad moral’ de un sector sobre
otro, ejercicios que sentimos no nos corresponden y que son, en cualquier caso,
profundamente inconducentes al objetivo de la reconciliación. No obstante ello,
queremos afirmar lo siguiente:
1. El
golpe de estado fue la culminación de un proceso de deterioro de la convivencia
cívica y de erosión transversal en los valores democráticos y republicanos que
habían sustentado la vida política nacional desde al menos 1932. Creemos que
las causas de este deterioro fueron complejas y trascienden lo que aquí es
nuestra intención abordar, pero ciertamente protagonista entre ellas fue la
creciente validación de la violencia como método para conseguir objetivos
políticos. La afirmación ideológica del camino de la violencia, el apoyo
explícito o tácito a acciones políticas violentas y los llamados a la
intervención de las FF.AA., fueron todas formas concretas de dicha validación.
Por ello, no queda sino reafirmarlo con total claridad: la violencia como vía
de acción política es radicalmente incompatible con la democracia, y el
abandono de este principio fundamental estuvo al centro de las causas que llevaron
finalmente al 11 de setiembre de 1973.
No
obstante, creemos que incluso en la dificilísima situación política, económica
y social de entonces, un golpe de estado no era ni puede ser una manera
aceptable de resolver incluso profundas diferencias políticas. Con ello no
queremos desconocer la profunda complejidad política que entrañó para millones
de chilenos tener que escoger entre apoyar una salida armada a la crisis
económica e institucional de entonces, o continuar obedeciendo a un régimen
que, para muchos chilenos, parecía haber abandonado un compromiso con la
legalidad vigente. Con todo, reafirmamos que una comprensión ponderada de las
causas y circunstancias del golpe –un ejercicio clave en el cual seguimos en
deuda como país– no es sustituto de una clara condena al mismo como forma de
zanjar crisis económicas, políticas o institucionales, por agudas que éstas
sean.
2. No
obstante lo anterior, e independientemente del análisis que cada chileno haga
respecto al golpe de estado y de sus causas, creemos que es fundamental separar
dicho análisis de lo que sucedió después: una política de gravísima y
sistemática violación de derechos humanos seguida por la dictadura durante sus
17 años en el poder. Un piso compartido de nuestra convivencia política futura
debe ser, ineludiblemente, la más absoluta condena a todas y cada una de las
violaciones cometidas en ese aciago período de nuestra historia. Simplemente no
hay compatibilidad posible entre defender la democracia y justificar –siquiera
parcialmente– una política de violaciones a los derechos humanos y de uso del
aparato del estado como instrumento de terror. Por cierto, si esa condena es
seria debe también ser universal: ni en Chile, ni en ninguna parte del mundo la
violación de derechos humanos es compatible con la democracia.
3. Si bien
la transición política chilena a la democracia fue en muchos sentidos ejemplar
–y una muestra de enorme responsabilidad política por parte de los dirigentes
de la época–, ella tuvo inevitablemente sombras que nos han seguido penando.
Creemos que, a 40 años del golpe y a más de 23 de recuperada la democracia, es
posible hacer un esfuerzo colectivo adicional para, progresivamente, ir
superando los fantasmas de un período histórico que sigue marcando –y
manchando– la convivencia nacional. Creemos que este esfuerzo requiere avanzar
en varios frentes distintos:
a. El
primero es en términos de subsanar déficits de verdad y justicia. Primero,
creemos que se deben apoyar todos los esfuerzos para la investigación de los
crímenes de estado cometidos durante la dictadura y la sanción de los
responsables. Paralelamente a la vía judicial, y conscientes de los esfuerzos
que ya se han hecho en el pasado, apoyamos la continua búsqueda de fórmulas
institucionales o políticas (como programas de delación compensada u otras) que
permitan que se conozcan los crímenes cometidos, sus autores y, sobre todo, el
paradero de aquellos detenidos desaparecidos que aún se ignora.
b. Un
segundo frente apunta a una dimensión personal, y refiere a la capacidad de
pedir perdón y de perdonar. Creemos que la reconciliación nacional requiere
también de esta dimensión ética, no institucional, que constituye el fundamento
humano de un reencuentro verdadero. En esto no puede haber emplazamientos
individuales ni caza de brujas, pues el pedir perdón sólo puede ser auténtico
si es hecho libremente. Por lo mismo, tampoco caben las condicionalidades ni la
búsqueda de empates morales.
Algunos
notables ejemplos que hemos visto a lo largo de los años de personas que se han
atrevido a dar este paso nos alientan a pensar que este camino es posible.
Hacemos, por ende, un humilde llamado a las personas de todos los sectores que
se sientan interpelados por esta reflexión, a pedir y ojalá dar perdón, en la
medida de sus posibilidades.
c.
Finalmente, creemos que es imprescindible avanzar también en la dimensión
netamente política de la reconciliación. Ello, puesto que si bien las
responsabilidades éticas y penales son individuales, las responsabilidades
políticas son en buena medida colectivas. Creemos que los partidos y dirigentes
de todo el espectro que aún no lo hayan hecho, pueden realizar un proceso de
reflexión y autocrítica pública respecto al rol que jugaron en el proceso de
quiebre de nuestra democracia en 1973.
Adicionalmente, creemos que los partidos de la Alianza harían una enorme
contribución a la reconciliación nacional si estuvieran dispuestos a realizar
una suerte de quiebre histórico con su voluntaria identificación con, y defensa
del, gobierno (cívico-) militar. Desde luego, la “obra” de éste en términos de
políticas públicas puede ser valorada legítimamente por muchos. Pero dichas
políticas no pueden ser puestas en una suerte de balanza contra algo tan
profundamente inconmensurable a ellas, como son las violaciones a los derechos
humanos de miles de chilenos –como si una cosa compensara la otra. Por de
pronto, tanto Renovación Nacional como la Unión Demócrata Independiente podrían
empezar por quitar de sus respectivas declaraciones de principios la referencia
a la “acción libertadora [de las Fuerzas Armadas] del 11 de setiembre de 1973,
que salvó al país de la inminente amenaza de un totalitarismo irreversible y de
la dominación extranjera, culminando así una valiente resistencia civil y
recogiendo un clamor popular abrumadoramente mayoritario”.
El solo
hecho de remover esta frase de los principios de cada partido constituiría una
potente señal de que su vocación democrática es efectivamente incondicional y
de que comparten lo señalado en el primer punto de esta carta, en el sentido de
que los golpes de estado no son una manera legítima de resolver incluso graves
diferencias políticas. Crear una centroderecha cuyo ethos más profundo no esté
asociado a la defensa política de una dictadura nos parece la mejor contribución
que las actuales generaciones de dicho sector le podrían hacer a la democracia
chilena y a las generaciones futuras, independientemente de que defiendan (o
no) las reformas políticas y económicas concretas que dicho gobierno realizó,
materias que son parte legítima del debate de cualquier democracia sana.
Por
último, nos gustaría reiterar que cada uno de estos puntos busca establecer un
estándar razonable de mínimos comunes democráticos sobre los cuales construir
una comunidad política. A ya 40 años del golpe, creemos que afirmar el rechazo
incondicional a la violencia política en todas sus formas, y afirmar de modo
igualmente incondicional la inviolabilidad de los derechos humanos de cada
persona, debieran ser mínimos comunes transversalmente aceptados. Por su parte,
y reconociendo lo difícil de la tarea de la reconciliación nacional dada la
profunda carga emocional que conllevan los trágicos hechos que dividieron a
Chile, creemos que colectivamente podemos hacer más. Nuestro llamado a generar las
condiciones para seguir avanzando en perdón, justicia y afirmación pública de
valores democráticos es un intento por ayudar a construir un país donde todos
nos podamos mirar a los ojos sin rencor y donde las nuevas generaciones puedan
habitar la memoria, sin por ello cargar con las pesadas mochilas del pasado.
Cristóbal Bellolio, Daniel Brieba,
Gonzalo Bustamante, Ignacio Briones, Max Colodro, Jorge Fábrega, Camilo Feres,
Jorge Ferrando, Andrés Hernando, Francisco Irarrázaval, Hernán Larraín M.,
Davor Mimica, Roberto Munita, Macarena Ponce de León, Slaven Razmilic, Lorena
Recabarren, Javier Sajuria, Rafael Sánchez, Sergio Urzua, Valentina Verbal, Paz
Zarate.
Santiago de Chile, setiembre 11 de 2013.
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