Edgardo Altamirano Márquez (*)
Hoy en día, muy
pocos se preguntan ¿Cómo es que viven los privados de libertad?, ¿Bajo qué
condiciones de vida se encuentran? Pocos son los interesados y mucho menos los
que apoyan la lucha por humanizarla.
Día a día una gran
cantidad de delincuentes cometen delitos y no pueden ser apresados, salvo
aquellos que cometen delitos como matar, violar, etc. o son sindicados por
ello. Además, para que sean definidos, es necesaria una serie de pruebas.
Muchos se preguntan ¿Por qué? La realidad de las cárceles del Perú es la
sobrepoblación. Esto quiere decir que su capacidad no es suficiente para la cantidad
de presos, a tal punto, que los internos exceden la capacidad de las cárceles
hasta en seis veces.
La forma de vida que se brinda es deplorable, muchos de los
carceleros se aprovechan de los reos en especial de las mujeres y más aún de
las que se encuentran enfermas; las comidas que se les brindan son un “tazón
genocida” que contiene arroz semi-cocido infestado de gusanos y estofado de
papa, al que le agregan alcanfor para sedarlos.
Con respecto a la
atención médica es pésima, pues son atendidos por el personal del Instituto
Penitenciario Nacional (Inpe), quienes recibieron cursos durante diez días.
Muchas veces recetan medicamentos ignorando las indicaciones de dosificación
del médico; el tópico es igual que una celda: no existen implementos ni
aparatos médicos, así las enfermedades se vuelven más vulnerables al contagio y
propagación.
Todo ello, no es
de desconocimiento de nuestra sociedad que no imagina como los reos son
abandonados cuando tienen una enfermedad que en ocasiones requiere de
intervención quirúrgica y sólo si los familiares se enteran y cuentan con
dinero son transportados a un nosocomio e incluso hay “que dar para la gasolina
y para la gaseosa”. De lo contrario, hay que dar por muerto al reo y en el caso
de que este no tenga familiar solo queda esperar a algún alma caritativa que se
apiade para sus medicinas, ya que la llamada área de Asistencia Social brilla
por su ausencia. Si hablamos de las celdas, estas se dividen en los pabellones A,
B y C; miden 1.5 x 1.5
metros y en cada una duermen de tres a cuatro personas.
Asimismo,
podríamos decir del contubernio de algunos funcionarios del Inpe con
prontuariados reclusos, para permitirles el ingreso de celulares y otras gollerías
a cambio de sobornos. Este es un fenómeno recurrente en el sistema
penitenciario peruano, pues anteriormente hubo otras denuncias similares e
inclusive hay funcionarios en prisión al ser captados “infraganti” en actos de
corrupción.
¿Qué hacer al
respecto como estado y como sociedad?
Sería necesario
desarrollar una política penitenciaria que resuelva el problema de crimen
organizado, narcotráfico y terrorismo, mediante una reforma del sistema
penitenciario adaptando las prisiones a las nuevas realidades del delito y
avances de la tecnología, para evitar que reos de alta peligrosidad, inclusive
dentro de las denominadas cárceles de máxima seguridad, manejen desde el
interior de las prisiones sus organizaciones delictivas, dirigiendo secuestros
y otros crímenes, a través de teléfonos celulares introducidas a los penales
corrompiendo funcionarios o burlando su vigilancia por la miniaturización cada
vez mayor de los citados dispositivos. Se conoce que los pequeños celulares son
introducidos por sus familiares y amistades de las formas más ingeniosas y
elaboradas, inclusive en sus cavidades corporales.
El problema fundamental es que las cárceles peruanas han
rebasado su capacidad para albergar a más reclusos, dando lugar a la
proliferación de drogas, alcohol, armas de fuego y teléfonos celulares para que
los “capos”
controlen y “cogobiernen” la prisión en forma paralela a las autoridades
penitenciarias. Se está gestando un peligroso clima que puede
explotar como alguna vez ocurrió en el pasado, con amotinamientos y un numeroso
saldo de muertos.
El gobierno ha
declarado en emergencia el sistema penitenciario. Durante la gestión pasada de
gobierno se desarrolló un plan de infraestructura penitenciaria hasta el 2017
que implica construir establecimientos penitenciarios en diversos puntos del
país conforme lo permitan los ingresos fiscales. Dentro de este plan se
contemplaba construir una o dos de máxima seguridad, en contraparte a las existentes que podrían ser catalogadas como
de “máxima
impunidad”, por los problemas antes descritos.
En estas cárceles
de máxima seguridad se trasladarían a los reos de alta peligrosidad, a quienes
ya el fin readaptador y resocializador de las prisiones ya no funciona, muchos
por la lentitud, lenidad y corrupción del Poder Judicial, que muchas veces
decreta la libertad de estos prontuariados delincuentes que salen a seguir
delinquiendo, cada vez en forma más avezada. En estas prisiones los reos no tendrían
contacto físico con sus visitas y la comunicación sería a través sistemas con
auriculares y vidrios de seguridad que permitan ver a las personas y
comunicarse.
Si bien existen
opiniones discrepantes con este tipo de prisiones, con argumentos como que no
se prioriza la readaptación y que se atenta contra los Derechos Humanos de los
internos, la sociedad debe defenderse y, por lo tanto, el estado debe priorizar los derechos de sus ciudadanos.
En algunos países
del mundo y, principalmente, en Estados Unidos de Norte América se ha
desarrollado un tipo de prisión denominado Supermax, destinados a
albergar a reos de extrema peligrosidad, donde están bajo la constante vigilancia de cámaras
de circuito cerrado de video y condiciones de encierro en solitario.
Los expertos deben evaluar la posibilidad de instalar prisiones basados en esos
principios de seguridad.
Mientras dure el
proceso de construcción de estas prisiones se debe trasladar a los líderes de
las organizaciones delictivas a prisiones del interior del país con las
condiciones de seguridad que impidan su fuga, como Challapalca. Por su parte,
la prisión de Piedras Gordas I -supuestamente de máxima seguridad- presenta
problemas de seguridad. Se sabe que un conocido asesino denunciaba la
introducción de teléfonos en la prisión e incluso cámaras de seguridad filmaba
al director del penal recibiendo coimas. Las autoridades deben evaluar la
posibilidad de instalar un módulo tipo el sistema Supermax para los
delincuentes de extrema peligrosidad.
La construcción
de otros tipos de cárceles de diferentes grados de seguridad, permitirá la
destugurización de las prisiones, albergando a los reos según sus niveles de
peligrosidad y, además, aplicar programas de rehabilitación. Al mismo tiempo hay que capacitar y
profesionalizar al personal penitenciario para actuar con vocación, honestidad
y eficiencia.
La política
penitenciaria debe apuntar a fortalecer la seguridad de las prisiones en donde la honestidad de sus
funcionarios sólo se podrá lograr con un sistema coherente y profesional y, por
lo tanto, con un régimen salarial que posibilite disminuir la impunidad, la
corrupción y el contubernio prevaleciente.
A fines del
anterior gobierno se trasladaron a peligrosos cabecillas de bandas criminales a
cárceles del interior del país y, en consecuencia, cesaron los sonados
secuestros a ciudadanos.
(*) Abogado, egresado de la maestría de Gobernabilidad del Instituto de
Gobierno de la Universidad San Martín de Porres y ex tercer miembro del Consejo
Nacional Penitenciario.
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