César
Gutiérrez Peña (*)
Manido tema ha resultado el gasoducto
sur peruano, con cambio de nombre incluido y expectativas reprogramadas de
manera reiterada. La razón de fondo, la falta de racionalidad económica del
proyecto. Ni el estado ha podido asumirlo, dado que las reglas de actuación
para los funcionarios públicos se basan en el beneficio-costo, que en este caso
no es posible justificar.
Hoy
estamos ante un nuevo intento gubernamental de realizarlo en base a una ley que
ha delimitado cinco tramos: Malvinas-Chimpirina, Kepashiato-Chiquintirca,
Kepashiato-Quillabamba, Quillabamba-Anta y Anta-Ilo. Los dos primeros tienen
coherencia. De allí hacia adelante, solo existe la necesidad de cumplimiento de
una oferta electoral revestida de un discurso regionalista con toques de seudo
tecnicismo, que suena bien para el beneplácito de los ciudadanos de la zona.
En el caso de los dos tramos de
seguridad que costarían al consumidor eléctrico un sobrecosto de 3.4 por ciento
en la factura de electricidad, hay un tema que no se resalta; lo pagaremos por
segunda vez. La primera fue entre los años 2002
y 2006, con la ya famosa Garantía de Red Principal, que llegó a
representar hasta 5 por ciento de la tarifa. Hoy, por la probabilidad de falla
tenemos que hacer una segunda erogación, que propongo que deba ser descontada
del nuevo cargo, en lo ya pagado a valor actualizado y asumido por el
concesionario Transportadora de Gas del Perú, quien también debería asumir el
50 por ciento de la anualidad de inversión y costos de operación del nuevo
proyecto, porque la seguridad será para todos.
El ofrecimiento de llegar a la ciudad de
Quillabamba se hace bajo el argumento que habría una demanda de gas natural por
una termoeléctrica de 200 MW. La existencia real de ella no se dará con encargarle a Electroperú la construcción,
sino como fruto de un proceso de competencia donde tengan posibilidades todos
los agentes interesados del mercado. De licitarse como reserva fría, no habrá
demanda de gas garantizada y los consumidores eléctricos tendrán un cargo en
los costos de electricidad del 1.1 por ciento.
Finalmente, el tramo entre Quillabamba e
Ilo, será creíble si tiene demanda asegurada de gas, consecuencia que los
generadores se hayan ganado en subasta el derecho de atenderla. En el escenario
actual, no hay consumo garantizado y si se hace vía cargo en la factura de
electricidad, significará 6.6 por ciento más en las cuentas del consumidor. En
resumen, toda la pretensión del gobierno, tal como está el escenario, significará
un sobrecosto del 11.1 por ciento.
(*) Ingeniero mecánico
con estudios en Finanzas, consultor en servicios públicos, asesor de empresas,
docente universitario, y ex presidente del directorio de Essalud y Petroperú.
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