María
del Pilar Tello (*)
Necesitamos mejorar nuestro capital humano y tecnológico
lo que no se logra sin una educación superior de calidad. Por ello a nadie
puede extrañar que la Ley Universitaria
esté en el centro del debate político y que haya originado el rechazo de
docentes y estudiantes. Aprobada ya en la Comisión de Educación, que preside
Daniel Mora, ahora ingresará al pleno congresal.
La
propuesta se está imponiendo al caballazo, ignorando la autonomía
universitaria. Se propone una Superintendencia Nacional de la Universidad
Peruana para reemplazar a la actual Asamblea Nacional de Rectores y al Consejo
Nacional de Autorización y Funcionamiento de Universidades (Conafu) pero ello
concentra todos los temores en tanto estará adscrita al ministerio de
Educación. Tendrá funciones normativas, reguladoras y de fiscalización de los
recursos de las universidades lo que significa dejar su suerte en manos del
Ejecutivo y de sus designios políticos, liquidando toda autonomía. Esa nueva
entidad super poderosa autorizaría la creación y funcionamiento de
universidades públicas y privadas.
Según la ANR tenemos 133 universidades
de las cuales 50 estatales, con más de 309,000 alumnos, y 82 particulares, con
una población de más de 474,000 estudiantes. Todos verían modificado su régimen
de estudio. A comenzar por la acreditación que también quedará en manos de la superintendencia
que podrá cerrar la universidad o la facultad considerada sin la calidad
requerida. Además se anularía el bachillerato automático y la forma de alcanzar
la licenciatura, haciendo obligatorio el idioma extranjero o una lengua nativa.
Un punto de fricción efectiva es la
elección de las autoridades - rectores, vicerrectores y decanos- a cargo de los
docentes, estudiantes y graduados mediante “voto universal”, por cinco años. Se
habla de procesos electorales con segunda vuelta lo que mantendría en vilo a
las instituciones, politizadas al máximo, dando espacio al clientelismo,
populismo y demás prédicas políticas permanentes propias de las campañas.
Alan García ha resumido posiciones
señalando que el proyecto es una “amenaza a la libertad de pensamiento y un
grave retroceso”. No le falta razón desde que la superintendencia sería
manejada políticamente. Y si bien la actual autonomía no garantiza la calidad
educativa si evita las interferencias que históricamente han sido groseras en
el país.
El debate es positivo, la imposición
absolutamente negativa. Falta el diálogo sereno que contemple otras propuestas
renovadoras. Es cierto que debemos cambiar la situación de la universidad
pública, pauperizada, para estudiantes de menores recursos y también las
instituciones privadas, como muy rentable negocio para formar una supuesta
élite con mejor educación, pero démonos tiempo como sociedad para debatir.
El Congreso de la República no puede
aprobar un proyecto de ley que solo agravará el conflicto sin lograr que el
sistema universitario mejore para formar el capital humano que necesitamos sin
discriminaciones sociales ni económicas. La educación, la investigación y la
innovación son los vértices del llamado “triángulo del conocimiento”, base para
un crecimiento inteligente. Por esa asociación conceptual debemos comenzar.
(*) Periodista, analista política,
escritora, docente universitaria, integrante del Comité Técnico de Alto Nivel
del Acuerdo Nacional y ex presidenta del directorio de Editora Perú.
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